El 15 de febrero de 2013, el Ministro de Hacienda, Cristobal
Montoro, anunciaba la intención del Gobierno de someter a la aprobación del
Parlamento una Ley de "racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local". Esta ley tiene como objetivo "frenar el gasto excesivo de las
administraciones públicas", es decir, no superar un tope de déficit
público ni un tope de deuda y respetar la Regla de Gasto.
Esto
es consecuencia de ese "acuerdo express" del artículo 135 de la
Constitución por parte de PP y PSOE, que impone la estabilidad presupuestaria
como prioridad de la política económica.
La
Ley Montoro también provoca que se restrinjan las competencias de los
ayuntamientos, con lo que primaría la privatización forzosa de los servicios
frente a su municipalización, aumentando así sus costes. Por tanto, a la
ciudadanía le saldría más caro esos servicios no sólo en el ámbito
presupuestario sino también en lo que respecta a las condiciones laborales de
las trabajadoras y trabajadores, que se verían deterioradas.
Con
la desaparición de pequeñas entidades locales, la Ley Montoro evita que las
ciudadanas y los ciudadanos participen de una manera más directa -y por tanto
más democrática- en la gestión de bienes comunes. Esto hace que esos bienes
sean explotados por otras estructuras con intereses bastante alejados de los de
la ciudadanía.
Gracias
a esta ley, la vida de la población rural también se verá afectada ya que dará
lugar a graves repercusiones medioambientales debido a los procesos de privatización
y el abandono del campo, siendo las zonas rurales las que pueden necesitar más
unos servicios públicos. Estas zonas, resultan un recurso de subsistencia y
autoempleo gracias a, por ejemplo, la actividad silvícola. Por tanto, los
terrenos dedicados a estas actividades, ahora podrían ser una antesala para la
construcción de megaproyectos.
Debemos
ser conscientes de las consecuencias de la privatización para la ciudadanía y
actuar en apoyo de la municipalización y la creación de consorcios públicos en sectores estratégicos, porque los
servicios públicos como el agua, la energía, etc. no son mercantilizables.
No podemos permitir que se favorezca únicamente a
unos pocos en pro de sus intereses económicos atacando el bienestar de la
mayoría social, que representa la realidad de este país.
Las instituciones más cercanas a la gente son
nuestros ayuntamientos. Por todo esto, tenemos que luchar para que nuestras
ciudades sean más habitables, que se preocupen primero por el bienestar de su
gente. Tenemos que acabar con la asfixia que nos intentan vender disfrazada de
"iniciativa para la gente". Tenemos que apostar por ciudades con
derechos.