Sobre la Ley Montoro

El 15 de febrero de 2013, el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunciaba la intención del Gobierno de someter a la aprobación del Parlamento una Ley de "racionalización y sostenibilidad de la Administración Local". Esta ley tiene como objetivo "frenar el gasto excesivo de las administraciones públicas", es decir, no superar un tope de déficit público ni un tope de deuda y respetar la Regla de Gasto.

Esto es consecuencia de ese "acuerdo express" del artículo 135 de la Constitución por parte de PP y PSOE, que impone la estabilidad presupuestaria como prioridad de la política económica.

La Ley Montoro también provoca que se restrinjan las competencias de los ayuntamientos, con lo que primaría la privatización forzosa de los servicios frente a su municipalización, aumentando así sus costes. Por tanto, a la ciudadanía le saldría más caro esos servicios no sólo en el ámbito presupuestario sino también en lo que respecta a las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, que se verían deterioradas.

Con la desaparición de pequeñas entidades locales, la Ley Montoro evita que las ciudadanas y los ciudadanos participen de una manera más directa -y por tanto más democrática- en la gestión de bienes comunes. Esto hace que esos bienes sean explotados por otras estructuras con intereses bastante alejados de los de la ciudadanía.

Gracias a esta ley, la vida de la población rural también se verá afectada ya que dará lugar a graves repercusiones medioambientales debido a los procesos de privatización y el abandono del campo, siendo las zonas rurales las que pueden necesitar más unos servicios públicos. Estas zonas, resultan un recurso de subsistencia y autoempleo gracias a, por ejemplo, la actividad silvícola. Por tanto, los terrenos dedicados a estas actividades, ahora podrían ser una antesala para la construcción de megaproyectos.

Debemos ser conscientes de las consecuencias de la privatización para la ciudadanía y actuar en apoyo de la municipalización y la creación de consorcios públicos en sectores estratégicos, porque los servicios públicos como el agua, la energía, etc. no son mercantilizables.

No podemos permitir que se favorezca únicamente a unos pocos en pro de sus intereses económicos atacando el bienestar de la mayoría social, que representa la realidad de este país.

Las instituciones más cercanas a la gente son nuestros ayuntamientos. Por todo esto, tenemos que luchar para que nuestras ciudades sean más habitables, que se preocupen primero por el bienestar de su gente. Tenemos que acabar con la asfixia que nos intentan vender disfrazada de "iniciativa para la gente". Tenemos que apostar por ciudades con derechos.

El feminismo y la prostitución

Hace pocos días, el Salón Erótico de Barcelona Apricots lanzó "Patria", un spot publicitario protagonizado por la actriz porno Amarna Miller que se ha hecho bastante viral y del que podemos encontrar comentarios de todo tipo.

Evidentemente comparto parte del discurso de Amarna en el vídeo, pero tengo algunas cosas que decir al respecto.

En primer lugar critica que los hombres que la llaman puta se masturben viendo sus vídeos. Esta crítica es curiosa puesto que el mismo patrocinador tiene como lema "Apricots, tu marca de puterío", entre otras frases similares que utiliza para vender su local.

Pero voy a entrar ya al turrón del asunto, que viene a ser el intento de Amarna Miller de defender el feminismo y el trabajo sexual al mismo tiempo.

La prostitución tiene una base económica y una base social (en este caso patriarcal), que también puede ser aplicable a la pornografía -aunque con matices- en última instancia.

La base económica se resume en mujeres que, condicionadas por un sistema capitalista, necesitan amasar dinero rápido y se ven abocadas al ejercicio de la prostitución (alrededor de un 80% lo hacen en contra de su voluntad). ¿Legalizar la prostitución sería la solución? Personalmente pienso que no. En nuestro sistema, si te caes, intentarán salvar antes a tu cartera que a ti. Primero va el  poder adquisitivo y después están las personas. Por eso se piensa antes en la legalización, porque es más importante el dinero que mueve la prostitución que las prostitutas, en vez de tener en cuenta el mejorar la situación socioeconómica de estas mujeres para que puedan dejar de someterse.

  

La base patriarcal se basa en una idea que, desgraciadamente, parece seguir vigente, y es la de que las mujeres somos objeto de los hombres y por eso ellos pueden permitirse pagar por estos servicios. Unos servicios en los que, curiosamente, quien acaba (im)poniendo las condiciones es el cliente. Esto es, en esencia, relaciones de poder en las que, por supuesto, la mujer queda en un nivel inferior.

Aún partiendo de una base que mucha gente propone sobre que hay mujeres que se dedican a estos ámbitos por puro placer y no por necesidad o por amasar dinero rápido, estas mujeres deberían saber que son una minoría y que la gran mayoría sufre el dedicarse a la prostitución o al porno de una manera u otra... ¿Dónde queda entonces esa sororidad que pide Amarna Miller? ¿Entendemos entonces que sólo se preocupan por su situación acomodada y no por la de la mayoría de sus compañeras?

También he leído eso de que quitar a las mujeres de esta situación -y no hablo de la acomodada- es condenarlas a una peor, y perdonad pero esto me suena igual de mal que cuando se intenta defender a Amancio Ortega: "sus empleadxs están explotadxs pero por lo menos trabajan"; "están explotadxs pero si les quitas eso es peor".

Las cosas no son mejores por el hecho de dar dinero. O no deberían serlo.